LOS ABOGADOS: ¿LOBOS O CORDEROS?

Por Julio Alejandro Maya Amador 

En recientes declaraciones del Ministerio de Justicia, el jefe de esta cartera manifiesta, refiriéndose de algunos abogados, que: “le hacen mucho daño al país porque no tienen la formación”, y esta es una problemática que el mismo se la acredita a la paupérrima oferta académica que hay en el ámbito de esta profesión, así: “hay muchas facultades que son de garaje, como yo le llamo, hacen convenios con aquellos que son profesionales en otras áreas afines y les dicen: estudie 6 o 7 semestres de derecho y usted se gradúa como abogado”.

A pesar de lo anterior, sin sustento verificable que soporte tal afirmación, esta se convierte solo en una expresión oral con efectos políticos o populistas que pueden llamar la atención, pero que no mejora nada cuando se carece de evidencia real que sirva de base a tales señalamientos, al momento de proponer políticas públicas tanto eficientes como efectivas que alcancen a erradicar el supuesto daño que pueden estar causando los probables enemigos del sistema judicial, “los abogados”.

Aunque, lo expuesto en líneas anteriores amerita una revisión según lo dicho, lo muy cierto es que, grosso modo, se podrían invocar los siguientes interrogantes, según las propuestas ministeriales: 1º. ¿Si eliminar las diversas ofertas académicas es garantía para superar el problema, por qué de un examen para validar conocimientos? Si se cierran los establecimientos académicos de “garajes”, porque se supone que eso garantizará solo la operación de los mejores: 2º. ¿Por qué todavía se necesita de un examen que valide este sistema académico?

En fin, lo cierto es que hay una cantidad considerable de abogados en Colombia, y así lo dejo bien soportado la revista Dinero al 2019, cuando en una columna reseñó la siguiente estadística: “Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el índice de número de abogados, con 355 por cada 100.000 habitantes, después de Costa Rica, que cuenta con 389, según el Centro de Estudios de Justicia de las Américas”.

Sin embargo, la consecuencia de lo antes dicho, propone una justicia que busca mitigar la libertad de educación (art. 67, Constitución Política de Colombia de 1991), de enseñanza o de escogencia de profesión u oficio (art. 26, ibídem), limitando la capacidad de quienes aspiran a estudiar esta carrera o de quienes en la actualidad están ofertando el acceso para esta misma, sin hacer consideración alguna de lo difícil que es mantenerse en esta sobrepoblada profesión, donde la oferta es tan alta que los abogados sino son emprendedores de cualquier cosa, están desempeñándose en otro oficio, menos en el ejercicio para lo cual estudiaron, esperando la oportunidad de ejercer como profesionales del Derecho; mientras tanto, las asesorías jurídicas son gratuitas o los honorarios pobres, desdeñandose como corderos entre una manada de lobos. 

¿Por qué más bien no se propone una ley que castigue el maltrato animal de “Lobos y Corderos”?