TECNICISMOS JURÍDICOS COMO BARRERA SOCIAL

Por Edwin Enrique Ortiz Leones

Desde la década de los 80s hasta nuestros días frecuentemente hemos escuchado “estamos evolucionando, estamos cambiando”, habida cuenta que el mundo al presente atraviesa un periodo que muchos denominan como la tercera y la cuarta revolución industrial. Ello implica, que conforme recorremos la senda de nuestro tiempo cada día nos adecuamos y formamos parte de una era enteramente digital, donde coexistimos con todo tipo de tecnología mientras buscamos la forma de conocer y entender las diferentes innovaciones.

En agregado a lo anterior, los avances tecnológicos han propiciado un auge de los medios de comunicación como mecanismos para informar a los individuos de la actualidad nacional e internacional. Sin embargo, a pesar del efecto positivo que involucra la rápida difusión de información, al presentar las noticias, especialmente las jurídicas, nuestros comunicadores sociales (cuando son expertos en la materia; a veces los hay) al dirigirse a su audiencia, una masa heterogénea de personas, es decir, con niveles de conocimiento jurídico diferente (en algunos casos será elevado, en otros no tanto), recurren al uso de tecnicismos propios de las áreas disciplinares legales. En ese entendido, aquellos receptores con poco conocimiento normativo encuentran un obstáculo para comprender la plenitud del mensaje que se les está enviando.

Ciertamente, el lenguaje inherente al Derecho contiene una serie de vocablos propios, toda vez que en su contexto adquiere significados particulares, no obstante, quienes no comprenden estos conceptos, tropiezan con un impedimento para el ejercicio de sus derechos, como, por ejemplo: i) Aquellos que incurren en erogaciones económicas para pagar deudas afectadas por la prescripción (extinción de un derecho o una obligación); ii) La pérdida de derechos laborales por el desconocimiento del alcance del término contrato realidad (disfrazar con un contrato civil una relación de trabajo). 

Por consiguiente, tengo por conducente señalar que no todos los destinatarios de noticias que versan sobre leyes son abogados, doctrinantes o juristas. Luego entonces, se requiere descubrir la forma de simplificar dichas expresiones: “Los intentos por mejorar el lenguaje jurídico se han originado en diversos ámbitos y se han plasmado en recomendaciones diversas, tanto desde el campo del Derecho como desde la lingüística, llevando a cabo propuestas encaminadas a acercar a los ciudadanos un lenguaje que tradicionalmente ha sido considerado complicado, ambiguo y distante” (Islas, 2018).

En conclusión, la ley no pertenece solo a abogados o a los comunicadores sociales, puesto que su espíritu radica en su conocimiento. En consecuencia, nuestra responsabilidad consiste en evitar el distanciamiento de los ciudadanos con sus derechos, independientemente del nivel intelectual de estos, con la finalidad de derribar cualquier barrera que exista para ejercer facultades y atribuciones consagradas en la Constitución Política y el sistema normativo colombiano.